RSS de Portada
Portada > noticia
SERVICIOS SOCIALES

UGT califica de insuficiente y tardío el Plan Nacional de acción para la inclusión social del Gobierno para 2013-2016

Menos dinero para evitar la exclusión social

16/12/2013 | UGT

Los hogares españoles son cada vez más pobres y la pobreza cada vez más crónica. Esto se debe a la crisis económica, pero también tiene que ver con la política económica que se practica. Los datos confirman la situación alarmante: la pobreza severa se ha duplicado en 4 años, superando el 6,5% de la población; ya son más de 6 millones de personas que viven con 307 euros al mes; la renta nacional media disponible por habitante ha bajado un 11%; se han duplicado los perceptores de la renta mínima de inserción y los perceptores de las ayudas de emergencia social se han incrementado en un 182%, aunque los recursos destinados a esta partida se han reducido drásticamente. Ante esta grave situación, el Gobierno se limita a aprobar un Plan de Inclusión 2013-2016 insuficiente (4.256 millones menos para combatir las situaciones de exclusión y alarma social, que el plan anterior) y tardío. UGT solicita al Gobierno que no eluda su responsabilidad pública y que impulse un plan de emergencia social contundente y efectivo.

El Consejo de Ministros aprobó, el pasado viernes, el Plan nacional de Acción para la Inclusión Social 2013-2016, en respuesta a las situaciones de deterioro social que se está produciendo en nuestro país, un plan tardío e ineficaz ante la situación de extrema vulnerabilidad social.

La tasa de riesgo de pobreza, según los últimos datos de la encuesta de Condiciones de Vida de 2013, se sitúa en el 21,6% de la población y se fija el umbral de la pobreza en 7.040 euros anuales, habiéndose situado en 2009 en 7.980 euros. Esto significa que cada vez, los hogares españoles son más pobres y que la pobreza cada vez es más crónica. La pobreza severa se ha duplicado en 4 años, superando el 6,5% de la población. Ya son más de 6 millones de personas que viven con 307 euros al mes.

Pero el aumento de la pobreza y la exclusión social en nuestro país, no se debe únicamente a los efectos propios de la crisis económica; sino que se añaden los efectos de las reformas que el Gobierno está realizando y que están resquebrajando nuestro Estado de Bienestar. Una reforma laboral que incrementa el paro (el número de parados se ha multiplicado por tres y la tasa de paro está en el 26%), a lo que se une el endurecimiento en el acceso al Plan Prepara y a la renta activa de inserción.

La renta nacional media disponible por habitante ha bajado un 11%, se ha duplicado los perceptores de la Renta Mínima de Inserción y en relación con las ayudas de emergencia social, se han incrementado los perceptores en un 182%, mientras que en esta partida se ha reducido el gasto drásticamente. Un sistema de protección a la dependencia desmantelado con miles de personas en desamparo, la aniquilación de nuestro sistema de salud universal y gratuito, la devaluación de la enseñanza pública.

Nuestro Sindicato en múltiples ocasiones ha manifestado que estas reformas van a provocar el aumento de la desigualdad, mientras que los procesos de empobrecimiento y de inseguridad económica de los hogares españoles han llegado a un punto de difícil retorno.

Un Plan de Acción para la Inclusión Social es una oportunidad para que la lucha contra la exclusión social no se quede parcelada institucional y políticamente, sino que debe transitar a lo largo del conjunto de las políticas económicas y sociales.

Desde UGT estimamos que es imprescindible que las políticas de inclusión impregnen a todas las políticas económicas y sociales, y que se debe atender prioritariamente a aquellos ciudadanos que no tienen ningún ingreso, y a los que no son perceptores de ninguna ayuda.

Nos encontramos ante un Plan de Inclusión que no contiene ninguna medida novedosa para la lucha contra la pobreza. Un Plan que lejos de reforzar a los grupos más vulnerables, de establecer medidas prioritarias y de emergencia social, se dedica a conjugar políticas existentes y con dotación presupuestaria específica. El conjunto de medidas que el Gobierno está realizando, desde el punto de vista laboral o de servicios sociales, supone un desmantelamiento de las políticas de bienestar social, y lo único que hace es agravar la situación.

Económicamente se establece un presupuesto cuya cifra asciende a 136.000 millones de euros para la lucha contra la pobreza en un periodo de ejecución de 4 años, en un escenario en el que la pobreza severa asciende a 6 millones de ciudadanos y las situaciones de vulnerabilidad social afectan a más de 10 millones de personas. El presupuesto que se destinó al anterior Plan de Inclusión, suponía una cuantía de 105.192 millones de euros en un periodo de ejecución de 3 años. Por tanto este Plan de Inclusión 2013-2016 dedica 4.256 millones de euros menos para combatir las situaciones de exclusión y alarma social. Además, se producirá un incremento de personas pobres en nuestro país, cuyas cifras superan ya los 16 millones.

Ante esta situación, el Gobierno debería de haber realizado un plan contundente de emergencia social. En cualquier caso no puede ni debe hacer exoneración de la responsabilidad pública, ni dejar las actuaciones únicamente en manos de acciones de colaboración con entidades.

Servicios Sociales SMC-UGT.
SMCUGT UNI UGT Confederal ITF IUF-UITA-IUL Imatek